La lucha por la democracia
en América Latina

Ruy Mauro Marini

Fuente: Cuadernos Políticos número 44, Ediciones Era, México, julio-diciembre de 1985, pp. 3-11. Ponencia presentada en el seminario "Democracia y paz en América Latina", promovido por el Sistema Universitario Mundial, México, 11-12 de noviembre de 1985.


Indice

El imperialismo y la reconversión
La cuestión del cuarto poder

El proyecto burgués

La lucha por la democracia


 

Nunca como hoy la cuestión de la democracia ocupó lugar tan destacado en las luchas políticas y sociales de América Latina y en la reflexión que sobre ellas se ejerce. Ello se debe, sin duda, a la dura experiencia del periodo de autoritarismo y represión del que la región apenas comienza a salir. Pero se debe también a que, tal como se presenta entre nosotros, la idea de democracia involucra contenidos, se anexa conceptos y apunta a significados que trascienden su definición corriente.

Está, primero, la soberanía. En América Latina, hablar de democracia implica, como supuesto necesario, plantear el tema de su capacidad para autodeterminarse, es decir, de fijarse sus metas en libertad, atendiendo primariamente a las exigencias de sus pueblos. Es, pues, evocar el tema de la dependencia en que se encuentra la región en el plano del capitalismo internacional, y conduce, por ello mismo, a entender la lucha por la democracia en tanto que lucha de liberación nacional.

Viene, después, la justicia social. Porque, en América Latina, el concepto de democracia está expresado hoy, en la conciencia de los pueblos y en el discurso de sus dirigentes, la atención a las necesidades más urgentes, la superación de las condiciones de superexplotación y miseria en que viven los trabajadores, la edificación de una sociedad que, al basarse en el respeto a la voluntad de la mayoría haga de los intereses de ésta el criterio prioritario de acción. En esta perspectiva, la lucha por la democracia es la lucha contra la dominación y explotación de los muchos por unos cuantos, es la lucha por un orden social tendiente a la justicia y a la igualdad, es en suma —allí donde se vuelve más definida— la lucha por el socialismo, importando poco los calificativos que a él se adhieran o los plazos que se establezcan para su consecución.

Al examinar, pues, el movimiento y las tendencias de los procesos de democratización que están en curso en América Latina, me veo obligado a considerar esos elementos referenciales y a moverme en un marco que, a primera vista, parece exceder con mucho el tema de este trabajo. Ello se compensa por el hecho de que me enfrento a una limitación ineludible: al tomar como objeto de análisis a América Latina, renuncio necesariamente a captar toda la riqueza y singularidad de los distintos procesos nacionales, que sólo de manera parcial son reductibles a un esquema global de interpretación y que, en casos extremos, escapan totalmente a él. Es por esto que las luchas democráticas que se libran en los países de Centroamérica caben mucho menos aquí que los que se desarrollan en el Cono Sur, y que la democracia revolucionaria nicaragüense queda totalmente fuera de mis preocupaciones.

Una advertencia final: al emplear términos como democratización o redemocratización, no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre lo que ocurre en la región y ni de lejos pretendo que estén encaminados a hacer realidad la idea de democracia a que me he referido. Aludo simplemente al cambio de gobiernos militares por gobiernos civiles y a la puesta en marcha de mecanismos destinados a crear o restablecer instituciones estatales representativas.

El imperialismo y la reconversión

La redemocratización latinoamericana se enmarca en la ofensiva desatada por Estados Unidos para, a la vez que enfrenta la crisis internacional, reestructurar en provecho propio la economía capitalista mundial. Guardadas las proporciones y respetadas las diferencias, la situación tiene puntos en común con la que se presentó tras el fin de la segunda guerra mundial. En aquel entonces, como potencia hegemónica y siguiendo el ejemplo de lo que hiciera Gran Bretaña en el siglo XIX, Estados Unidos pudo imponer al mundo el liberalismo económico, creando las instituciones encargadas de garantizar su aplicación. El dinamismo y el poder que ostenta la más significativa de esas instituciones —el Fondo Monetario Internacional— son una prueba de cómo la economía norteamericana, ante nuevos males, recurre a viejos remedios.

Hoy, como ayer, Estados Unidos está interesado en restablecer las bases de una división internacional del trabajo que permita la circulación plena de mercancías y capitales. La presión que ejerce sobre los países de América Latina va, pues, en el sentido de fomentar sus exportaciones, lo que implica en mayor o menor grado una reconversión productiva que no sólo respete el principio de la especialización según las ventajas comparativas, sino que abra mayor espacio al libre juego del capital, reduciendo la capacidad intervencionista del Estado. En la perspectiva de ese proyecto neoliberal, comienza a diseñarse el futuro que el capitalismo internacional reserva a la región: una América Latina integrada aún más estrechamente a la economía mundial, mediante su transformación en economía exportadora de nuevo tipo, es decir, una economía que, al lado de la explotación más intensiva de sus riquezas naturales, refuncionalice su industria para volverla competitiva en el mercado exterior.

Para todos los países, esto implica la destrucción de parte de su capital social; sobre todo en la industria, pues sólo ramas con ventajas comparativas reales o que absorban alta tecnología y grandes masas de inversión aparecen como viables en esa nueva división del trabajo. Se comprende así que la destrucción sea más drástica en países como Chile, Uruguay y aun Argentina que en Brasil o México (aunque este último, por la cercanía a Estados Unidos, se vea amenazado de una casi anexión). La reconversión implica también la redistribución del capital social en favor de los grandes grupos industriales y financieros, redistribución que se extiende a aquella porción hoy en manos del Estado, por lo que no sorprende que el FMI plantee como cuestión prioritaria la reducción del déficit público, uno de los instrumentos más efectivos a ese efecto. Para las masas, el precio de la reconversión es la agravación de la superexplotación del trabajo y la generalización del desempleo, cualquiera que sea su forma, como resultado de la destrucción de parte del capital social aunada a la rápida elevación de los niveles tecnológicos actuales.

La imposición de un proyecto de esta naturaleza no pudo hacerse fácilmente a través de las dictaduras militares que Estados Unidos contribuyó a crear en América Latina, a partir de la década de los sesenta. En la medida en que supone el achicamiento del Estado, por la reducción de su base económica y la limitación de sus funciones, dicho proyecto contraría los intereses de las Fuerzas Armadas, cuya condición material de existencia es el aparato estatal mismo. Pero hay otras razones. Una vez constituidas, las dictaduras militares formularon proyectos nacionales que, si no amenazaban el esquema de seguridad internacional de Estados Unidos, creaban constantes conflictos en su seno, ya sea por su nacionalismo exacerbado, que provocó más de una amenaza de conflicto en la región y acabó por generar un acontecimiento como la guerra de las Malvinas, ya sea por la pretensión de los gobiernos castrenses de lograr acceso a cierta autonomía en el plano internacional, como se vio sobre todo en el caso de Brasil. Más grave aún, las Fuerzas Armadas se mostraron incapaces de construir regímenes políticos estables, lo que constituía al fin y al cabo la misión prioritaria que les había asignado Estados Unidos.

Todo ello llevó a que el imperialismo norteamericano decidiera propiciar cambios institucionales que pudieran aplicarse sin poner en riesgo los sistemas de dominación vigentes, al tiempo que utilizaba nuevos instrumentos de presión para imponer su proyecto de reconversión económica. La imposición de los intereses de Estados Unidos a América Latina abandonó gradualmente los medios de acción político-militares —la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado— para ejercerse más activamente a través de canales como el Departamento de Comercio, los grupos privados y, naturalmente, el FMI. Esa tendencia se vuelve dominante a partir de 1980, cuando Ronald Reagan llega al poder y se afirma definitivamente tras la bancarrota mexicana y brasileña de 1982.

Cabe señalar que el cambio de la política exterior norteamericana hacia América Latina no implicó el abandono de la doctrina de la contrainsurgencia, en que aquélla se funda, como tampoco de la atención que concede a las Fuerzas Armadas. Se trata de un cambio de énfasis, que opera diferencialmente según la zona o la situación específica de cada país. Así es como, para Centroamérica la redemocratización se articula con la militarización, cual puede apreciarse en El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y aun Costa Rica, mientras que en el Cono Sur el apoyo a los procesos de democratización excluye a Paraguay y no se extiende todavía a Chile.

Como quiera que sea, el sometimiento de los gobiernos de la región al proyecto económico norteamericano se encuentra todavía en proceso y se realiza en medio de resistencias y conflictos. Son muchos los intereses contrariados, global o parcialmente, por la reconversión, hecho que, por sí solo, hubiera exigido ya, en los países en cuestión, la apertura de espacios de lucha, es decir, procesos de redemocratización. Tanto más que la reconversión abrió brechas en el bloque burgués-militar, constituido a partir de los años sesenta, al tiempo que incentivó el ascenso de los movimientos populares. La suerte de la redemocratización actualmente en curso depende en una amplia medida del desenlace de esas contradicciones y enfrentamientos.

La cuestión del cuarto poder

En esta perspectiva, conviene examinar la situación de las Fuerzas Armadas. El rechazo que provocaron por parte de la sociedad, debido a su desempeño en la dirección del Estado, las llevó a renunciar al ejercicio directo del poder, pero no parece haberlas conmovido en su motivación ideológica y política más profunda; tampoco ha mellado significativamente su unidad interna. Aunque visibles hasta cierto punto, las posiciones diversas que en ellas se observan no han conducido a la configuración de luchas faccionales abiertas, que más bien han tendido a resolverse en convivencias y complicidades.

Esto, que contribuyó de manera decisiva a que la transición a gobiernos civiles se hiciera de manera pacífica, difiere considerablemente del patrón de conflicto interno en las Fuerzas Armadas que prevalecía antes de los regímenes dictatoriales y se debe, en parte, a la responsabilidad institucional que les cabe en los hechos creados entonces, desde la política económica antipopular hasta el uso de la violencia. Pero el comportamiento relativamente monolítico de los militares, en la actual coyuntura, tiene una causa de carácter más estructural: su reforzamiento ideológico, a partir de la adopción de la doctrina norteamericana de la contrainsurgencia en los años sesenta. Tal doctrina les permitió fundar sobre bases más sólidas su concepción de las instituciones armadas como garante fundamental de los intereses del Estado (identificados como seguridad nacional), y llamadas por ello a ejercer un papel no sólo tutelar, sino también conductor respecto a la sociedad.

Sin embargo, la ideología y la doctrina de las Fuerzas Armadas no se encuentran hoy exactamente en el mismo pie que en la década de los sesenta. Esto se debe, en cierta medida, al cuestionamiento a que la doctrina de la contrainsurgencia fue sometida por la propia élite militar y civil de Estados Unidos, tras la derrota de Vietnam, y a las reformulaciones que esta élite  llevó a cabo,  particularmente después del ascenso de James Carter a la presidencia. La consecuencia de ello fue cierta desazón en las Fuerzas Armadas latinoamericanas y un aliento inesperado a los movimientos democráticos que surgían en la región, los cuales alcanzan entonces sus primeros triunfos. Pero fue la guerra de las Malvinas lo que llevó ese proceso a su punto crítico, precipitando la evolución del pensamiento militar latinoamericano hacia nuevas elaboraciones.

La doctrina de la contrainsurgencia suponía una cierta concepción de la correlación de fuerzas y de los intereses en presencia en el plano internacional, de la que derivaba la idea del papel auxiliar de las Fuerzas Armadas de América Latina en el esquema del poder del imperialismo y, en contrapartida, la acentuación de su vocación de policía, es decir, de guardianes del orden interno. El conflicto entre países que integraban el mismo campo de fuerzas y el alineamiento de Estados Unidos contra América Latina, en la guerra de las Malvinas, fueron hechos que, aunados a la posición asumida por soviéticos y cubanos, dieron al traste con el concepto de seguridad hemisférica y cuestionaron la idea de la división del mundo en dos bloques. Ello significó poner en duda el supuesto geopolítico más general en que se basaba la doctrina de la seguridad nacional, subproducto latinoamericano de la contrainsurgencia.

En estas condiciones, era inevitable que las Fuerzas Armadas apuraran la reformulación ideológica en que se encontraban ya empeñadas, tanto más que —después de los encontrones del periodo de Carter— la política internacional de Estados Unidos acentuaba, con Reagan, su nacionalismo y tendía a plantear la reconquista plena de su hegemonía, sin miramientos para con sus supuestos socios. El ascenso del movimiento democrático en América Latina y la adhesión que empezó a recibir de sectores burgueses hicieron aún más urgente esa reformulación.

Desde 1982, comienza a observarse una reorientación del pensamiento militar latinoamericano, en dos direcciones: poner de nuevo en el centro de las preocupaciones de las Fuerzas Armadas su capacidad de respuesta ante eventuales agresiones externas y pensar esa capacidad como parte de una acción más amplia que, trascendiendo a los militares, involucrara al resto de la sociedad. Así se revertía el orden de prioridades hasta entonces adoptado.

El cambio de los años ochenta no implicó la renuncia a la doctrina de la seguridad nacional, aunque modificó el ordenamiento y el énfasis de los elementos que la componen, al tiempo que alteró la forma como los militares conciben su relación con la sociedad civil. Esto hizo incluso que la doctrina fuera más aceptable para las Fuerzas Armadas de países que, insertos en contextos institucionales relativamente estables, habían asimilado más lentamente y con muchas resistencias internas los planteamientos doctrinarios de los años sesenta. Cabe mencionar, en particular, a Venezuela y México, en especial el último, que tiene una historia marcada por conflictos a veces agudos con Estados Unidos y que alimenta gran desconfianza en cuanto a los objetivos estadounidenses en Centroamérica. No es sino después de la guerra de las Malvinas que los jefes militares mexicanos empiezan a asumir como suya la doctrina de seguridad nacional, ligándola explícitamente a la defensa de la riqueza petrolera del país, fenómeno que se acentúa en la Armada, debido a que parte sustancial de esa riqueza está en la plataforma submarina.

En el Cono Sur, sobre todo en Brasil, cuna de esa doctrina, el viraje ideológico de los militares les permitió ponerse a tono con el ascenso del movimiento democrático. Pero les planteó también un problema: el de cómo hacerse un lugar adecuado en el esquema institucional y político que remplazaría a las dictaduras. En realidad, esa cuestión se configura desde los años setenta, al iniciarse las luchas democráticas y al producirse los primeros enfrentamientos con Estados Unidos. Comenzó a gestarse entonces una estrategia que trataría de aplicarse plenamente en los años ochenta, en el momento en que el doble movimiento de la ideología militar del fortalecimiento del frente democrático exigió una solución inmediata.

Es necesario señalar que, pese al carácter tenso y hasta conflictivo que marcó las relaciones entre las dictaduras latinoamericanas y Estados Unidos, bajo Carter, el gobierno norteamericano no sólo propició esa estrategia sino que le proporcionó elementos de elaboración. El nuevo equipo de intelectuales, encabezado por Brzesinski, que ocupó los puestos de asesoría y mando en Washington tenía como misión restablecer el prestigio internacional del país, fuertemente sacudido por la derrota de Vietnam, por los conflictos con sus aliados europeos y por el avance de los movimientos revolucionarios en Asia, Africa y Medio Oriente. Admitiendo que Estados Unidos se hallaba a la defensiva, ese equipo planteó la conveniencia de promover un cambio de imagen en la política exterior, restableciendo en ella la retórica de los valores democráticos y de los derechos humanos. Con ello, el gobierno abandonó el fomento a los golpes militares y el apoyo abierto a las dictaduras. Pero no modificó su preocupación en cuanto al imperativo de contar con regímenes estables y confiables en los países de su área de influencia y de ahí provino precisamente el reproche principal a los militares latinoamericanos, que se mostraban incapaces de asegurar esa estabilidad y confiabilidad.

La preocupación norteamericana —que, por lo demás, trascendía a América Latina para extenderse a los mismos países avanzados— se traducía en la búsqueda de principios y mecanismos que proporcionaran gobernabilidad a las democracias, según la fórmula de uno de los ideólogos en boga, Samuel Huntington. En la versión que le dio el Departamento de Estado, el concepto de "democracia gobernable" dio lugar a la consigna de "democracia viable", entendida como un régimen de corte democrático-representativo tutelado por las Fuerzas Armadas. Observemos que ese modelo no constituía una verdadera ruptura con la doctrina de la contrainsurgencia, la cual establecía que, tras las fases de aniquilamiento del enemigo interno y de reconquista de bases sociales por las Fuerzas Armadas, debería seguirse una tercera fase, destinada a la reconstrucción democrática.

La elaboración ideológica norteamericana venía al encuentro de la que realizaban los militares latinoamericanos, en su esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos. En Brasil, particularmente, donde se iniciara, desde 1974, una distensión dentro del régimen, sus ideólogos militares y civiles recurrían a una tradición del país, que concedía históricamente a las Fuerzas Armadas atribuciones de afianzamiento, supervisión y control en relación a los poderes del Estado. En esa línea, se apelaba a la constitución política del periodo monárquico, que rigiera por casi setenta años en el siglo XIX, la cual consagraba una forma estatal de cuatro poderes, sobreponiendo al ejecutivo, legislativo y judicial el poder moderador, ejercido personalmente por el emperador. Este poder —razonaban los ideólogos de la dictadura— derivaba de que el monarca tenía en sus manos el supremo mando militar, con lo que, al terminar la monarquía, el poder pasaba automáticamente a las Fuerzas Armadas.

Casuismos aparte, la vida política brasileña de los años setenta y principios de los ochenta va a caracterizarse por el esfuerzo de los militares para mantener la iniciativa y el control del proceso de liberalización, con vistas a arribar a una reformulación institucional que les asegurara formalmente una posición en tanto que cuarto poder del Estado. El ejercicio de ese poder quedaría en manos de los órganos corporativos de la institución castrense, a nivel de estado mayor, y de los aparatos de inteligencia, pero tendría su instancia máxima en el Consejo de Seguridad Nacional. Fórmulas similares inspiraron la Constitución propuesta en referéndum por los militares uruguayos, a principios de los años ochenta, y que fue rechazada, así como el pliego de exigencias presentado por los militares argentinos en vísperas de abandonar el poder, el cual no fue atendido.

Lo sucedido en Uruguay y Argentina y el fracaso relativo del último gobierno castrense de Brasil (que debió ceder prematuramente, según su propio calendario, el poder a los civiles, sin garantizar formalmente su propia posición en el Estado) no deben sin embargo llevar a engaño: ello representa más la derrota de ciertas facciones militares y de sus estrategias particulares que el fracaso definitivo de las Fuerzas Armadas en sus pretensiones de crearse un espacio propio en la nueva institucionalidad que se está gestando en América Latina. Es posible que la correlación de fuerzas en las luchas actuales no favorezca la fórmula del Estado de cuatro poderes, tal como se planteó en la segunda mitad de los años setenta. Pero el problema de la institucionalización del poder militar, vale decir, la definición formal del papel de las Fuerzas Armadas en el nuevo Estado, sigue en pie.

En este sentido, los militares siguen contando con el apoyo de Estados Unidos. Bajo Reagan, la política exterior norteamericana para América Latina, aunque ha restablecido el énfasis en la cuestión de la seguridad, ha seguido favoreciendo la implantación de democracias viables en la región y se ha empeñado directamente en ello en Centroamérica. Pero esa convergencia de intereses de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas latinoamericanas no oculta el hecho de que éstas se oponen, en cierta medida, al proyecto de reconversión económica planteado por aquel país particularmente —aunque no sólo por esto— en lo que se refiere a su intención de debilitar el aparato estatal en la esfera económica. Es por allí que pasa también lo principal de las divergencias existentes hoy día entre las fuerzas armadas y las burguesías latinoamericanas.

El proyecto burgués

Inspiradora y principal beneficiaria de los regímenes militares, la burguesía comenzó a separarse de ellos a cierta altura del proceso, para plantearse la conveniencia de asumir la gestión directa del aparato estatal. Influyó para esto el aumento del costo del manejo de la cosa pública, derivado de la intermediación militar y agravado por la corrupción que las dictaduras propiciaban (lo que, si bien beneficiaba a distintos grupos burgueses, desaprovechaba al conjunto de la clase). Influyó también el hecho de que las fuerzas armadas buscaron inclinar en favor de sus propios proyectos las políticas estatales, no siempre totalmente coincidentes con los intereses más generales de la burguesía (como, por ejemplo, en el caso de Brasil, el excesivo énfasis atribuido a la conquista de la tecnología nuclear). Pero el factor determinante fue el surgimiento y desarrollo de los movimientos democráticos populares, que mostraron la incapacidad de los regímenes militares para promover una estabilidad política duradera.

La burguesía, que viera con hostilidad y recelo ese movimiento, acabó por adherirse a él. Pero no se limitó a la adhesión: bregó afanosamente por asumir su conducción ideológica y política, procediendo, previamente, a su propia unificación mediante un gran acuerdo entre sus distintas fracciones. El éxito obtenido en esa empresa favoreció el carácter pacífico asumido por la transición y permitió que la creación de una nueva institucionalidad se hiciera en un marco de relativa continuidad, orientándose hacia la concertación de un pacto social capaz de restituir legitimidad al sistema de dominación y al Estado.

La concreción del pacto social ha quedado sujeta, sin embargo, a la definición del proyecto burgués para la reorganización de la economía y del Estado. La burguesía ha planteado, en este sentido las líneas básicas de su propuesta: la reconstrucción de la democracia parlamentaria y la edificación de un Estado neo-liberal. En su retórica, esas dos líneas aparecen confundidas en una sola, siendo corriente en su discurso el uso de consignas liberales aplicadas a la solución de cuestiones democráticas. En la práctica, se trata de orientaciones distintas, aunque orgánicamente vinculadas, que generan problemas claramente diferenciables en sus relaciones con las demás fuerzas sociales y políticas.

Desde el punto de la reconstrucción democrática, la burguesía pone el acento principal en el fortalecimiento del Parlamento, donde puede con facilidad obtener mayoría, directamente o por mediación de la élite política a su servicio. Choca, por un lado, con los militares, inclinados, como vimos, a institucionalizarse en tanto que cuarto poder del Estado, por encima de los tres poderes tradicionales. Choca, por otro, con el movimiento popular, que —sin oponerse propiamente a la revalorización del legislativo— tiende, a partir de su experiencia reciente, a la idea de una democracia participativa, que privilegie a las organizaciones sociales respecto al Estado y las convierta en órganos de decisión y control en las cuestiones que interesan directamente a los distintos sectores del pueblo.

En lo que atañe al liberalismo, la burguesía lo toma como arma para privatizar en su beneficio el capital social hoy en manos del Estado y limitar la capacidad de regulación de que dispone el Ejecutivo, ya sea transfiriendo partes de sus atribuciones al Parlamento, ya sea apropiándose ella misma de la otra parte en nombre de los derechos sagrados de la iniciativa privada. Encuentra, aquí también, cierta oposición de las fuerzas armadas, que retiran su savia del Estado y en especial del Ejecutivo, así como la desconfianza del movimiento popular, el cuál vacila aún entre la defensa de la propiedad estatal y la búsqueda de nuevas formas de propiedad social, ligadas a la cooperación, la cogestión y la autogestión.

Las dificultades que enfrenta la burguesía para plasmar en la esfera política sus intereses se acentúan en relación a la definición e implementación de su proyecto económico. La crisis que vive la región concurre decisivamente para ello, en la medida en que, como toda crisis, agudiza las contradicciones de clases y propicia enfrentamientos internos en la misma clase dominante; tanto más cuanto que la crisis no representa un mero fenómeno cíclico dentro de un dado patrón de reproducción del capital, sino más bien la ruptura del patrón vigente y el esfuerzo difícil de gestación de uno nuevo.

Vimos ya que América Latina enfrenta el proyecto de reconversión económica planteado por Estados Unidos, cuya concreción implicaría para ella reasumir el papel de economía exportadora que desempeñó antes en el sistema capitalista y renunciar, pues, al intento de desarrollo auto-centrado, que inició en los años treinta. Existe, naturalmente, una diferencia fundamental en la situación que se quiere crear y la que rigió en el siglo XIX: al contrario de ayer, América Latina está hoy obligada a nivelarse internacionalmente en materia de productividad y de tecnología, cualesquiera que sean las ramas —agrícolas, mineras o manufactureras— que aseguren su vinculación al mercado exterior. Ello no hace sino agravar los problemas creados por la reconversión, al plantear de manera aún más drástica la supresión de ramas enteras de actividad —y por ende la destrucción del capital social correspondiente y de los sectores burgueses allí implantados—, así como la extensión del desempleo abierto o disfrazado para amplios contingentes de trabajadores.

Es comprensible que la gran burguesía industrial y financiera —agente y gestora natural de la reconversión— se enfrente a rebeldías y resistencias que la obligan a entablar con Estados Unidos una negociación difícil, de cuyo resultado depende en gran medida la preservación de su sistema de dominación. La presencia de las Fuerzas Armadas en el conflicto es un factor adicional de complicación, en la medida en que la reconversión amenaza en muchos aspectos su base económica de poder, sobre todo cuando pone en entredicho la posibilidad de desarrollar industrias como la bélica, la nuclear, la informática, en los países de mayor desarrollo relativo, pero también, para los demás, la mecánica y la metalúrgica. Hay que considerar en fin que la gran burguesía misma no siempre coincide con las directrices fijadas por el proyecto norteamericano, ambicionando la ocupación de espacios que éste muchas veces le está vedando.

El grado de desarrollo económico del país y su posición en la economía internacional, la configuración que presenta la lucha de clases, el peso específico de la gran burguesía en el sistema de dominación, la importancia relativa que tiene para cada nación la carga de destrucción implícita en la reconversión: todo ello está contribuyendo a establecer los niveles de enfrentamiento con Estados Unidos y a propiciar soluciones particulares en materia de política interna, particularmente en lo que se refiere a las alianzas de clases. En los extremos, se perfilan dos situaciones-limite. En Perú, la convergencia de la burguesía, las Fuerzas Armadas y amplios sectores del movimiento popular en el legado aprista, que enfatiza el papel del Estado, y en su seno en el Ejecutivo, sobre la base de un pacto social definido en términos netamente reformistas y antimperialistas. En Brasil, la alianza entre la gran burguesía y las Fuerzas Armadas —pendiente todavía la cuestión de si el eje del Estado pasará por el Congreso o el cuarto poder— para restaurar, sobre las bases de la democracia representativa, la legitimidad del Estado y, mediante una política neodesarrollista, preservar en cierta medida la posibilidad de una economía autocentrada.

En todos los casos, los procesos de redemocratización que están en curso en América Latina se desarrollan bajo la hegemonía burguesa y amenazan con frustrar al principal protagonista de los movimientos antidictatoriales que hicieron posibles tales procesos: el pueblo. Entender por qué esto es así es preguntarse si, en un futuro cercano, la situación podrá ser diferente; lo que es, a fin de cuentas, la razón de ser de esta reflexión.

La lucha por la democracia

El movimiento popular viene de una derrota histórica, que significó para él el desmantelamiento de sus vanguardias y el sacrificio de sus cuadros y dirigentes. El fin de las dictaduras ha sido, en buena parte, obra suya, en especial merced a los combates que libró en los últimos ocho años. Pero en él concurrieron también otros factores, como vimos anteriormente, cuya fuerza y presencia las fuerzas populares intuyen, sin que —melladas en su capacidad de análisis y elaboración táctica por la destrucción de la izquierda— sean capaces de identificarlos con claridad para, a partir de ahí, trazarse una línea de acción. Peor todavía: su desarrollo reciente ha dividido y dispersado a las fuerzas populares, creando obstáculos para que puedan proyectarse en el plano político con su fuerza real; lo que las lleva a manifestarse como movimiento tan sólo en coyunturas críticas.

La división y dispersión del campo popular fueron impuestas por los militares, en su afán de suprimir cualquier tipo de oposición organizada. Reprimidos y perseguidos, los ciudadanos se refugiaron en sus últimos reductos, aquellos de los cuales no se les podía expulsar: la fábrica, la vivienda, la escuela, para iniciar desde allí un esfuerzo de resistencia a la violación de sus derechos y, luego, de defensa abierta de estos. Ello supuso una labor de organización por la base del movimiento popular, que le permitiría, en el futuro, empeñarse en las grandes campañas democráticas.

La sustentación social endeble de las dictaduras y el conjunto de factores nacionales e internacionales que conspiraron contra su permanencia aceleraron el curso del proceso y llevaron a resultados que rebasaban con mucho la capacidad real de acción del movimiento popular. Este, debió ingresar, pues, en una nueva etapa antes que su proceso de renovación y reestructuración estuviera cumplido. Mucho de su accionar quedó ligado a sus intereses inmediatos, corporativos, sin llegar a aquel punto en que estos se trastocan en objetivos sociales y políticos de alcance más general. La sustitución de sus viejos dirigentes por los nuevos cuadros forjados en las luchas de resistencia todavía no había culminado cuando debió continuarse en la nueva etapa, con lo que sus distintos sectores perdieron unidad de dirección.

La complejidad de los elementos que forman el movimiento popular y la transformación reciente de sus condiciones de vida, aún no asimilada como experiencia, hicieron el resto. Esto se aplica tanto a las nuevas clases medias asalariadas, que se ampliaron notablemente en los últimos años a costa de la burguesía mediana y pequeña o de la misma clase obrera, como al proletariado industrial, que debió asimilar nuevos contingentes urbanos y rurales en proporciones desmesuradas. Pero se aplica también al proletariado rural y al campesinado pobre, así como a los estratos medios y pequeños de la burguesía.

Es por ello el ascenso del grado de organización y combatividad de las masas de América Latina, particularmente notable desde el último tercio de los años setentas, no ha sido suficiente para neutralizar la ofensiva ideológica y política de la gran burguesía. Esta ha podido intervenir en un momento en que la conciencia crítica del pueblo respecto al sistema que lo oprime y explota apenas comenzaba a aflorar y sólo en algunos sectores de punta esbozaba una respuesta radical. La burguesía asumió las aspiraciones populares y da ahora su respuesta, que las diluye y deforma, ofreciendo reformas liberales ahí donde comenzaban a plantearse exigencias de participación, democracia y socialismo.

Pero no hay fenómeno en la vida social que no tenga dos signos. Si la experiencia molecular y marcadamente reivindicativa del movimiento popular se constituyó en factor negativo para su unificación, al momento de inicio de la redemocratización, le proporciona, en cambio, las premisas para una estrategia de lucha por el poder y para un proyecto nuevo de sociedad. Al lado de sus organizaciones tradicionales, como los sindicatos, el movimiento popular cuenta con órganos de todo tipo, que debió crear para asegurar su derecho a la vivienda, al transporte, al abastecimiento, a la distribución de luz y agua, los cuales le confieren una capacidad insospechada para comprender, manipular y controlar los complejos mecanismos de producción y circulación de bienes y servicios. Así, cuando la burguesía le plantea hoy un modelo de sociedad que pretende traspasar a la iniciativa privada esos mecanismos o ponerlos bajo la tutela de un Estado centrado en el parlamento, donde ella es soberana, el movimiento popular está en condiciones de contraponer su propio esquema de organización social, basado en la organización de los ciudadanos en torno a sus intereses inmediatos y en su participación directa en las instancias pertinentes de decisión.

Habrá, quizá, que plantearse una fase intermedia, dictada por la correlación de fuerzas, y que consiste en convertir esos órganos de democracia participativa en instrumentos de presión y control sobre el aparato de Estado, antes de lograr acceso al nivel pleno de la toma de decisiones. Pero, aun así, ello abre al movimiento popular un camino propio, independiente, entre las posiciones de la burguesía y de las Fuerzas Armadas en torno al problema de la privatización del Estado. La experiencia de los pueblos latinoamericanos les ha enseñado que la concentración de poderes en manos del Estado, cuando éste no es suyo, sólo refuerza la máquina de opresión de la burguesía. Debilitarlo hoy, restarle fuerza económica y política, no puede, pues, sino interesar en el más alto grado al movimiento popular, siempre y cuando ello implique la transferencia de competencias, no a la burguesía sino al pueblo. Por ello, frente a la privatización o la simple estatización, el movimiento popular plasma sus intereses en la propuesta de un área social regida por el principio de la autogestión y por la subordinación de los instrumentos de regulación del Estado a las organizaciones populares.

En la lucha por su propuesta democrática, el movimiento popular necesita más que nunca de su unificación en el plano social y de la reconstitución de sus direcciones políticas. La reorganización de la izquierda es hoy un imperativo para que la idea de democracia, tal como se ha abierto paso en la conciencia popular latinoamericana, se convierta en realidad. En ello, naturalmente, la responsabilidad mayor es de la izquierda misma. A ella le cabe reflexionar sobre la rica experiencia que ha sido la suya, en estos años, sacando las lecciones que allí se encierran, y abrirse sin prejuicios de ninguna especie a la comprensión de la evolución real del movimiento popular, en el periodo reciente. El otro camino, el de la discusión doctrinaria, que la izquierda se ve tantas veces tentada a trillar, no le abre perspectivas reales de desarrollo.

En ese proceso cabe, sin duda, repensar la tendencia que ha sido la de la izquierda de los años sesenta en el sentido de privilegiar las tareas económicas en la lucha revolucionaria, el uso del Estado como factor primordial de transformación y la visión del hombre primariamente como entidad socioprofesional. La realidad última de la lucha de clases adviene del proceso productivo y no está en discusión la definición del individuo como obrero o campesino. Pero obrero o no, campesino o no, el individuo es hombre o es mujer, es blanco, indio o negro, es un animal que requiere condiciones ecológicas adecuadas a su sobrevivencia, entre muchos otros aspectos. Como tal, le es lícito y necesario participar en movimientos y organizaciones centrados en exigencias particulares y específicas, aunque sólo en un plano recobre su unidad, sólo allí reintegre sus distintas facetas en un todo indivisible: en cuanto ciudadano, miembro integral de la sociedad política. En un mundo dividido en clases y grupos, no le es dada la participación directa como ciudadano en la sociedad y en el Estado, pero sí como miembro de un partido político que se proponga abolir esas clases y marchar hacia la supresión del Estado.

Partidos y organizaciones sociales no son entidades antagónicas; son, por el contrario, fenómenos referidos a distintos ámbitos de la vida real, a distintas dimensiones e instancias de la participación del individuo en la sociedad. Contraponerlos en la óptica autonomista, o jerarquizarlos y subordinarlos entre sí, al viejo estilo de la izquierda, no puede sino obstaculizar a unos y otras y conducir al individuo y su práctica social hacia la desintegración. Asumir su desarrollo interdependiente y armónico apunta, inversamente, a la recuperación del hombre integral en su diversidad y riqueza y permite aspirar a la construcción de una sociedad que le ofrezca el amplio espacio que él requiere.

Éste es el reto que está planteado a la izquierda latinoamericana y que, si responde bien a él, le permitirá triunfar allí donde otros han fracasado: formular un proyecto independiente y alternativo al simulacro de democracia que pretende imponer la burguesía. No se puede prever todavía su diseño, que deberá surgir de las luchas concretas que se están librando. Pero, aunque rechazando las trampas con que la burguesía busca confundir las aspiraciones de las masas, tal proyecto, habrá de rescatar las conquistas históricas que las masas han logrado ya en el seno de la sociedad burguesa. Del mismo modo, descartará los planteamientos dogmáticos y sectarios que hacen de la unidad punto de partida, al revés de —comenzando por el reconocimiento de las tendencias políticas y corrientes ideológicas existentes— hacer del pluralismo el criterio fundamental de una práctica social libre y solidaria.

En tal proyecto, democracia y socialismo reasumirán su verdadero significado, que hace de una la contrapartida necesaria del otro, y se plantearán no sólo como visión prospectiva de un orden social deseado, sino también y sobre todo como expresión programática de lo que mueve a los hombres en su vida todos los días.

 

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