América Latina:

EL PROCESO POLITICO Y LA CLASE OBRERA

Ruy Mauro Marini

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 29 agosto 1979.

La revolución nicaragüense, lejos de ser un hecho de alcance estrictamente nacional o centroamericano, es parte de un proceso mucho más amplio, que involucra a América Latina en su conjunto. El sentido inmediato de ese proceso es el intento de restablecer formas de vida democrática en la región, tras la oleada de contrainsurgencia que la barrió en las dos últimas décadas. Sin embargo, esa democratización depende del juego de fuerzas políticas que, en muchos casos, se presentan como antagónicas.

En aras de la simplificación, es posible distinguir allí un proyecto de corte popular y otro que responde a los intereses de los grupos dirigentes nacionales y extranjeros, o al menos de sectores significativos de éstos. El primero no ha llegado todavía a definirse con plenitud en ninguna parte, a excepción de Nicaragua, donde lo hace mostrando su potencialidad revolucionaria. El segundo ve todos los días romperse su diseño y volver a conformarse de nuevo, aunque modificado, por la acción de las fuerzas que empujan el proyecto popular.

Es así como el reemplazo de dictaduras militares por regímenes civiles en Ecuador y Bolivia se ha hecho de manera errática, con avances y retrocesos, hasta configurar resultados que expresan, con cierto grado de aproximación, la correlación real de fuerzas en esos países. Más difícil se presenta el tránsito que, en el mismo sentido, se encuentra planteado en Perú, dada la distancia existente entre el proyecto de la dictadura y los objetivos y disposición de lucha de las masas. En todos ellos, el proyecto popular tiene como punto central de referencia a la clase obrera, que constituye sin duda el factor más notable a considerarse en la actualidad latinoamericana.

En efecto, la posibilidad de que una reivindicación levantada en el marco del proyecto popular se concrete y la forma en que lo hace dependen de cómo ha sido asumida por el movimiento obrero. El compromiso que dio inicio al régimen civil boliviano, con la designación de Guevara Arce para la presidencia de la República, se debe en buena medida a la determinación obrera de impedir el retorno de Paz Estenssoro, en un momento en que no puede todavía imponer sus propios gobernantes. Y, en Perú, si el régimen militar puede dejar sin aplicación la Carta Magna que aprobó la Asamblea Constituyente es porque la dinámica de este organismo, supeditado al APRA, no coincidió nunca con el movimiento real de las luchas obreras.

Algo similar ocurre en Brasil. Los sectores populares que impulsan la lucha por la amnistía amplia han logrado una victoria, al forzar al general João Baptista Figueiredo a aceptarla, cambiando la actitud contraria que tenía cuando candidato a la presidencia. Pero, al no haberse constituido en una exigencia de la clase obrera, que se ha limitado a apoyarla, la amnistía alcanzada es restringida, beneficiando a torturadores y excluyendo a cerca de 200 combatientes populares.

Las recientes declaraciones de Eduardo Frei, en Chile, en favor de una restauración democrática, sólo se entienden en el contexto de reanimación de las luchas obreras y el peligro de que sea capitalizada por la izquierda. Ese peligro se acrecienta cuando el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, reforzado ahora por la presencia en el país de su dirigente Andrés Pascal Allende, arrecia su lucha contra la dictadura, confiado precisamente en esa reanimación, que el MIR contribuyó de manera significativa a crear.

Por todo esto, hay que estar atentos, en esos países como en Nicaragua, a los movimientos de la clase obrera, ya que de ellos depende el futuro político de la región.

 

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