Venezuela:

EL USO POLITICO DE LA VIOLENCIA

Ruy Mauro Marini

Fuente: Archivo de Ruy Mauro Marini. Publicado en El Universal, México, miércoles, 12 marzo 1980.

Comentamos aquí hace algunas semanas, la manipulación que realiza, respecto a la delincuencia urbana, el régimen militar brasileño y los grandes medios de comunicación en manos de la burguesía. Como señalamos, esa gigantesca campaña publicitaria tiene claras implicaciones políticas. Además de sembrar la inseguridad en la población y fomentar el antagonismo entre las clases medias y las capas proletarias y semiproletarias, sirve para "blanquear" un aparato policial comprometido con la represión política, la tortura y los desaparecimientos de presos, así como para justificar su manutención y aun su reforzamiento.

Un despacho de UPI, publicado recientemente por la prensa local, viene a recordarnos que el uso de la violencia para fines políticos es una práctica empleada ya de antiguo por la democracia venezolana. Conviene señalar que ésta constituye la experiencia más bien lograda en Latinoamérica del modelo de "democracia gobernable", propuesto hoy por los teóricos de la Trilateral y acogido con calor por las dictaduras militares criollas. Lo esencial del modelo consiste en dotar al Estado de una fachada democrática, que permita cierto margen de juego a los partidos y órganos representativos de gobierno, sin lesionar, y más bien afirmando, al "núcleo duro" del Estado, en especial las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales.

El despacho citado hace memoria de la consigna de "democracia con energía", que levantó en su campaña electoral Carlos Andrés Pérez, candidato por Acción Democrática en las elecciones presidenciales de 1973. Se trataba de obtener los votos de aquellas madres "que no eran libres de dejar que sus hijas salieran a la calle después de las siete de la noche". El triunfo del candidato socialdemócrata no sólo no resolvió el problema, sino que éste más bien se agudizó a lo largo del período presidencial.

Se entiende así que, en los comicios siguientes, fuera la oposición democratacristiana quien tomara en sus manos la bandera de la lucha contra la violencia. La particularidad del régimen venezolano (respecto al brasileño, que no permite la rotación de partidos burgueses en el poder) llevó a la DC no sólo a atacar el aumento de la violencia sino también a denunciar la corrupción de los aparatos policíacos, encargados de reprimirla. En su campaña de desprestigio del gobierno anterior, el presidente Herrera Campins procedió a desmoralizar y, luego, a reorganizar los cuerpos policiales, en especial la poderosa Policía Técnica Judicial, lo que dio lugar a encarcelamientos de comisarios y agentes, empezando por su jefe máximo, Manuel Molina Gasperi.

Ahora, ya reorganizada, la policía venezolana ha decidido aplicar la "violencia legítima", lo que, en sólo seis días, resultó en el asesinato a tiros de seis personas, presentadas como poseedoras de "un amplio récord policial". El hecho es aplaudido por la burguesía, quien, a través de su Federación de Cámaras Patronales, recomienda a los policías infiltrarse entre los delincuentes "para identificar a sus miembros y liquidarlos luego". Lo que preocupa, ya que se trata de métodos que violan la Constitución, la cual prohíbe la pena de muerte.

Será aún mayor la preocupación de las fuerzas democráticas y progresistas, si consideran que, desde fines del año pasado, se observa la agudización de la lucha de clases en el país, habiéndose registrado, en noviembre, choques callejeros entre obreros y policías, así como el asesinato de un estudiante. No se puede dejar de recordar que ha sido la llamada "violencia legítima" lo que, en Venezuela como en Brasil, costó la vida a centenares de militantes de izquierda, en el marco de las campañas de aniquilamiento que inspiró en sendos países la doctrina norteamericana de la contrainsurgencia.

 

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